"A través de la puerta de la muerte se llega a la verdadera vida"

domingo, 17 de mayo de 2009

Bastón Extensible.


Este artículo es un extracto del trabajo realizado por el Sr. Ernesto López Amat en la ciudad de Elche, España, en el año 2004. Por su extensión lo he dividido en tres partes:
1. Regulación legal del bastón extensible.
2. El bastón extensible.
3. Operatividad e impacto psicológico del bastón extensible.

Agradecer al Sr. Amat la labor que ha realizado con este trabajo, ya que al buscar información sobre EL BASTÓN EXTENSIBLE, he comprobado que otros autores se han apoyado en él para darlo a conocer.

REGULACIÓN LEGAL EN ESPAÑA DEL BASTÓN EXTENSIBLE.-

El bastón extensible se encuentra encuadrado en el art. 5.1-c del vigente Reglamento de Armas aprobado por RD 137/93, el cual establece:

“Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias de: ... c: Las defensas eléctricas, de goma, tonfas o similares”.

Conforme al presente artículo, queda perfectamente claro que la venta y tenencia del mismo por cualquier ciudadano queda totalmente prohibida. Se trata de un material que únicamente puede ser usado por miembros de las Fuerzas de Seguridad, y únicamente cuando se encuentren de servicio. En ningún momento podrá portarse cuando éstos se encuentren libres de servicio como arma de defensa personal.


LEGISLACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.-

Las Fuerzas de Seguridad, en el ejercicio de sus atribuciones deben en algún momento hacer uso de la fuerza para resolver determinadas situaciones.

El uso de la fuerza se encuentra regulado en las distintas legislaciones de los países democráticos así como en el Derecho Internacional Público. El órgano encargado de regular el empleo de la fuerza por las Fuerzas de Seguridad en el ámbito del Derecho Internacional Público es la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de los diferentes Tratados firmados por los distintos países, que serán de obligado cumplimiento por éstos, prevaleciendo incluso sobre el derecho interno de los mismos. En este sentido podemos hablar, entre otros, de:

.- El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General en su resolución 34/169 de 17 de Diciembre de 1979.
.- Los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el Octavo Congreso de la Naciones Unidas sobre la prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrado en el año 1990.
.- Las Reglas de Justicia Penal de la ONU para la Policía de mantenimiento de la Paz, donde se establece “ los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no utilizarán la fuerza ni la violencia salvo cuando otros medios resulten ineficaces, ni utilizarán más fuerza que la absolutamente necesaria para alcanzar el objetivo legítimo de hacer cumplir la ley”.

Hemos hablado de empleo de la fuerza, y en este sentido la legislación de Naciones Unidas exige el cumplimiento de una serie de requisitos:

.- Se ha de recurrir a medios no violentos.
.- Se utilizará la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario.
.- Se utilizará la fuerza sólo para fines lícitos de aplicación de la ley.
.- El uso de la fuerza será siempre proporcional a la amenaza sufrida.
.- Se reducirán al mínimo los daños y las lesiones.
.- Se dispondrá de una gama de medios que permita un uso diferenciado de la fuerza etc.

Todos los países democráticos elaboran leyes para la protección de los Derechos Humanos. La legislación española posee un marco legal amplio donde se protegen al máximo los derechos y libertades de los ciudadanos.

Comenzando por nuestra Carta Magna (Constitución Española de 1978), el artículo 104.1 establece “ Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. El mismo texto legal dispone en el artículo 10.1 que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social.

A la hora de llevar a cabo la detención de una persona, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente en el Capítulo II “De la Detención”, art. 489 a 501. Asimismo, el mismo texto legal preceptúa en el Capítulo IV, art. 520 los derechos que asisten al detenido, derechos que deberán ser informados a éste en el momento de privarle de su libertad.

Por otro lado, en ocasiones se actúa en defensa de nuestros propios intereses (defensa propia) o en defensa de los intereses de otras personas.

Nuestro Código Penal establece las causas que eximen de responsabilidad criminal a quien actúa en defensa propia, concretamente en el art. 20, apartados 4 y 5. Ambos apartados establecen la concurrencia de varios requisitos para considerarse eximida la responsabilidad criminal. Estos requisitos constituyen un numerus clausus, no teniéndose en cuenta otra circunstancia que no se encuentre tipificada en nuestro Código Penal.

Como resumen general, en la Legislación española se establecen los siguientes requisitos para el empleo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

.- Que la actuación entre en la esfera de las atribuciones propias del agente.
.- Que se encuentre en el desempeño de sus funciones.
.- Que exista necesidad racional de recurrir a ella.
.- Utilización del medio más idóneo disponible y con la intención adecuada de forma que, siendo eficaz, cause la menor lesividad posible.
.- Que el empleo de la fuerza no obedezca a motivaciones personales concretas, sino en defensa de la ley.
.- Cuando hablamos de Congruencia, hacemos referencia a la adecuación de la técnica concreta a la situación.
.- Cuando hablamos de Oportunidad, hacemos referencia a la adecuación al momento concreto de la intervención.
.- Cuando hablamos de Proporcionalidad, nos referimos a la adecuación entre la técnica o medio empleado, el bien jurídico protegido y el resultado.

Los Principios descritos forman parte del derecho interno de los Estados, y por lo tanto marcan la línea de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de estos países.

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